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El CERMI Andalucía presenta su Manifiesto de defensa de los derechos de la discapacidad en el Parlamento andaluz.

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Fecha publicación: 04-12-2012

En el marco del Día Internacional y Europeo de Personas con Discapacidad, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha presentado hoy en un acto conmemorativo en el Parlamento andaluz su Manifiesto en defensa de los derechos de las personas con Discapacidad, ante la actual situación de crisis económica, que se está convirtiendo en una crisis social, vulnerando claramente sus derechos.

Al acto ha acudido la delegación del CERMI  Andalucía y el manifiesto ha sido leído por el vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Ignacio García Rodríguez.

En este sentido, a través del Manifiesto, el CERMI andaluz reclama, principalmente, que la discapacidad debe abordarse desde el enfoque de los derechos humanos, a la luz de la Convención de la ONU; al mismo tiempo que denuncia que la crisis afecta de una manera más acusada en las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, alerta sobre el hecho de que las personas con discapacidad sufren un agravio económico estructural que consisten en el encarecimiento por razón de su discapacidad del 40% para la adquisición de bienes, productos y servicios, con respecto al precio normal de mercado.

También pide la renovación del marco de empleo de las personas con discapacidad, que acaba de cumplir 30 años y que ya no sirve a los objetivos para los que surgió, con el objetivo de alcanzar la “necesaria” inclusión social de las personas con discapacidad.

Otra de las demandas que plantea el CERMI Andalucía es que la crisis no puede servir de pretexto o coartada para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y los hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad a un nivel de vida digna.

Con respecto a los recortes genéricos, en ámbitos como el empleo, la sanidad, la autonomía personal y la atención a la dependencia o la educación, el Comité andaluz establece que han repercutido “gravemente” sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a la discapacidad, situándolo en una posición de enorme precariedad. Además, según indica, se han paralizado las iniciativas nuevas quedando la agenda política de la discapacidad inactiva, sin avances.

Por otra parte, alerta sobre los atrasos en los pagos por servicios que se prestan por delegación de la administración, agudizados por el tiempo, ya que corre el riesgo de colapso, sobre todo, en el empleo, con la posible desaparición de entidades, con la consiguiente destrucción del frágil bienestar alcanzado en los últimos años para las personas con discapacidad y sus familias.

Según señala el CERMI andaluz, los servicios de apoyo y atención directa están “en grave riesgo”, y las entidades de la discapacidad son las únicas que siguen gestionando estos servicios; al mismo tiempo que apuesta por la promoción de la autonomía personal.

También pide la reforma de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ya que su desarrollo es “insuficiente”; y para el SAAD, es “necesario” un impulso político y presupuestario para consolidar un nuevo dispositivo de protección social, que ofrezca una cobertura para necesidades sociales “aún sin respuesta”. En este sentido, el CERMI autonómico pide un pacto de Estado que apoye esta reforma para evitar el desmantelamiento de este “frágil” sistema de protección y una fractura social “irreversible”. Por ello, el CERMI Andalucía llama a la movilización y la activación de sus estructuras y su capacidad de influencia, a fin de impedir y contrarrestar la adopción de medidas contrarias a la inclusión social de los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, ante estos momentos de dificultad extrema, apela a la unidad del sector.

Por último, reclama a los poderes públicos la habilitación “inmediata” de la creación de un fondo para abandonar las deudas pendientes por parte de las administraciones públicas con las entidades de la discapacidad y garantizar, así, la equidad territorial en el ejercicio normalizado de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, con independencia del territorio donde se habite.

 

 

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