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Un juez limita la potestad de unos padres sobre su hija con síndrome de Down

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Fecha publicación: 30-03-2012

Un juez de Málaga ha aceptado que los padres de una mujer de 21 años con síndrome de Down mantengan la patria potestad sobre ella, pero les ha restringido sus facultades para que sólo puedan intervenir con carácter asistencial y no representativo en aquellos asuntos de la joven que impliquen un desembolso económico superior a los 800 euros.

La sentencia dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de Málaga, Herminio Maíllo, precisa que las disposiciones del Código Civil español en materia de incapacidad "deben ser matizadas e interpretadas" a la luz de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 que establece que esa declaración de incapacidad no tenga otro fin que no sea el de "proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales que se deben reconocer a cualquier persona, garantizando su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones".

El magistrado admite que la joven sufre "dificultades y limitaciones" originadas por el síndrome de Down que gracias al esfuerzo realizado por ella misma y sus padres ha logrado superar "en gran medida". No obstante, aprecia que quedan "de forma residual ciertas limitaciones que únicamente pueden afectar a sus habilidades o recursos en el ámbito económico jurídico, cuando se ve implicada una cantidad de dinero que exceda de la administración o disposición patrimonial ordinaria o habitual". Ante estas circunstancias y a petición de los padres, solicitud que la joven "acepta y consiente", considera adecuado que las facultades legales de los progenitores sobre su hija se restrinjan al máximo de modo que ejerzan un mero "apoyo" y "asistencia no representativa" en actos o contratos de contenido patrimonial que impliquen un desembolso de 800 euros o un compromiso de pago mensual por esta suma. Esto significa que la joven seguirá conservando su plena voluntad para tomar decisiones con la única prevención de que deberá "recabar la asistencia o intervención no representativa de sus padres" cuando asuma responsabilidades económicas por encima de la cantidad fijada por el juez.

El presidente de la Asociación Síndrome Down Málaga, Francisco Muñoz, reconoció ayer que dentro del colectivo de familiares y afectados por esta alteración genética existe una importante disparidad de opiniones en torno a la conveniencia o no de promover la incapacidad de quienes tienen una copia adicional del cromosoma 21.

La organización Down España remitía el año pasado una carta a sus asociaciones en las que recordaba que el Código Civil contempla que una persona con discapacidad intelectual importante "debería estar incapacitada" y que "esa incapacitación no es voluntaria, estando obligados los familiares a promoverla". La asociación reconocía que tradicionalmente había instado a las familias a dar este paso, si bien tras la Convención de Nueva York que garantiza la "plena capacidad de obrar de todas las personas con discapacidad, dotándolas de apoyos para que no se produzcan abusos o influencias indebidas" recomendaba no iniciar las demandas al menos hasta que la legislación civil española se armonice con las disposiciones internacionales.

Los acuerdos de Nueva York implican extender al terreno legal el proceso de normalización social de los discapacitados que se ha llevado a cabo en los últimos años.


Fuente: malagahoy.es

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