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El Parlamento aprueba la Ley de los Servicios Sociales de Andalucía

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Fecha publicación: 15-12-2016

El Pleno del Parlamento ha aprobado la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que sustituye a la vigente desde 1988 e introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la regulación del concierto social, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

El texto aprobado ha sido objeto de debate por parte de los agentes económicos y sociales, colectivos profesiones, entidades del tercer sector, así como los grupos políticos, que han registrado sus aportaciones. Así, durante su tramitación parlamentaria, se ha ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con programas de drogodependencias, principalmente.

Uno de los avances destacados de la ley es que se potencia el sistema de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos como la puerta de entrada a la que se dirigen los ciudadanos y dónde se tramitan prestaciones destacadas como la dependencia, las medidas del Decreto de inclusión, el programa de ayuda a la contratación o suministros vitales básicos y las prestaciones de urgencia social.

Otro aspecto novedoso es la regulación del concierto social como una modalidad diferenciada del concierto regulado por la normativa de contratación del sector público, de manera que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Según el texto de la norma, se prohíbe a la iniciativa privada y social la posibilidad de crear centros o servicios reservados o que desempeñen funciones reservadas exclusivamente a la iniciativa pública.

La participación social y ciudadana también está presente mediante la regulación de instrumentos como el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, los Consejos Sectoriales o los Consejos Provinciales y Locales.

La ley, que entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), persigue, entre otros fines, una administración más eficiente y eficaz y una atención integral y coordinada a las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales. Además, pretende dotar de mayor transparencia a los servicios y prestaciones que se ofrecen y fomentar la cultura de calidad y seguridad en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

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