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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

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Fecha publicación: 01-09-2016

El proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.

A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas.

En el ámbito formativo y del empleo, la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.

También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.

Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril, norma que dispone la creación en las ocho provincias de 11 unidades responsables de derivar a los menores a los 163 centros de atención infantil temprana que hay en Andalucía, donde actualmente más de 800 profesionales atienden a 19.000 personas al año.

En el área educativa, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También novedosa es la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo actividades extraescolares.

A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.

Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.

En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.

La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

El proyecto aprobado ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.

Actualmente, en el 22% de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000 personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% por los Centros de Valoración y Orientación. De ellas 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte, 60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).

 

 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/114361/consejo/gobierno/proyecto/ley/derechios/y/atencion/personas/con/discapacidad/en/andalucia/junta

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